No se puede perder ni un minuto. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un ambicioso plan dotado con 1,9 billones de dólares para reflotar la economía del país y frenar el impacto de la pandemia. Pero a falta de cinco días para la toma de posesión, lo que más preocupa en Washington tras el ominoso asalto al Capitolio es la seguridad antes, durante y después del traspaso de poderes.
“No es difícil ver que estamos en medio de una crisis económica que ocurre una vez en varias generaciones, con una crisis de salud que sucede una vez en varias generaciones”, afirmó en un discurso a la nación. “No hay tiempo que perder, tenemos que actuar y actuar ahora”, sentenció.
Plan de rescate y recuperación
Según Biden, se trata de un “plan de rescate y recuperación de dos pasos”. El rescate estará dirigido a afrontar la emergencia sanitaria y dar “asistencia financiera directa y alivio a los estadounidenses”. Los detalles del plan de recuperación los dará a conocer el mes que viene durante una sesión conjunta del Congreso, y abarcará inversiones en distintas áreas como la infraestructura y energías limpias.
Mike Pence asume el papel presidencial
Con Donald Trump fuera de los focos y privado del altavoz de las principales redes sociales, Mike Pence parece haber asumido el papel presidencial y ha hablado con las tropas de la Guardia Nacional encargadas de velar por la seguridad del evento. El vicepresidente saliente también se ha reunido con el mismo propósito con el FBI, que hace unos días alertó de la posibilidad de acciones armadas de seguidores fanáticos de Donald Trump en los días previos o durante la toma de posesión de Joe Biden.
Mientras prosiguen los preparativos de la toma de posesión, avanza también el proceso de impeachment contra Trump por “incitación a la insurrección” que inició el miércoles la Cámara de Representantes. Todo apunta a que no llegará al Senado hasta el próximo día 19 de enero, el último día de mandato de Trump, y que no concluirá hasta mucho más tarde. Si es declarado culpable echará por tierra sus aspiraciones a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y perderá los beneficios de los que gozan los expresidentes en Estados Unidos.
